Telefónica
El comportamiento en Bolsa de de Telefónica tras el anuncio de la adquisición de un 10% por parte del Estado ha sido el esperado. Los inversores han comprado acciones para revenderlas a la SEPI, lo que encarece la operación y anima a que esta situación se mantenga quizá durante varios días. Ahora falta por ver qué pasará a largo plazo.
Más de un millón de españoles tiene invertidos sus ahorros total o parcialmente en Telefónica. El primer café del miércoles trajo a este colectivo una noticia agradable desde un punto de vista patrimonial. Sus acciones crecían el +4,21 por ciento a 3,71 euros (10:00 horas de Madrid) –con picos del 7 por ciento durante la mañana— como respuesta a la operación de compra aprobada por el Gobierno la tarde anterior.
La familia profesional de inversores, sin embargo, desayunaba entre reuniones de urgencia para analizar la situación y prever el impacto de la vuelta del Estado a la operadora 25 años después de abandonar los antiguos monopolios.
Esta aparente esquizofrenia es habitual. Las estadísticas de más de tres décadas de operaciones en el IBEX 35 delatan que la primera reacción a un anuncio de compra es que la cotización actual se iguale al precio propuesto. Telefónica lleva, además, meses por debajo de sus valores razonables (alrededor de los 4 euros) por lo que se considera una "acción barata", según el conjunto de fuentes consultadas para este artículo.
El anuncio del Gobierno no despeja a quién comprará el 10 por ciento que pretende. De modo que los inversores deducen que acudirá a bolsa en vez de ponerse de acuerdo con alguno de los grandes accionistas ya presentes (BBVA y Caixabank eran los dominantes). Y es que de existir un pacto así, conforme a la normativa actual, ya se debería haber hecho público.
Con esa lógica, las órdenes de compra hacían cola en los sistemas de la Bolsa de Madrid. Quieren comprar ahora para poder vender luego al Estado, que actuará a través de la SEPI, y embolsarse la diferencia. “Forma parte de la presión compradora”, explican desde Renta 4 Banco. Esta entidad espera más compras directas como las del miércoles. La primera consecuencia del camino elegido por el Ejecutivo es que al Estado la operación le saldrá así más cara. Pero este contexto, por ahora, rema a favor de los 1,2 millones de españoles invertidos en la firma centenaria.
En el reverso de la situación, las dudas sobre lo qué pasará en el futuro de Telefónica se apilan y podrían penalizar la cotización pasada la euforia inicial. Es lo que temen los analistas que conocen bien la compañía. Y los recelos nacen en otra participada por el Estado: Indra (dedicada, esencialmente, a la industria militar). La SEPI, la misma herramienta que se utilizará ahora para entrar en Telefónica, provocó una crisis en junio de 2022 en esa firma al forzar la destitución de varios consejeros independientes.
La respuesta en bolsa fue demoledora para Indra, con pérdidas del 30 por ciento en apenas tres meses. Asustó que las decisiones se tomen con criterios distintos a los intereses empresariales, y en última instancia de los accionistas, para primar los políticos. Y ahora, Telefónica evoca "a lo que sucedió en Indra", explica José Lizán, de Rreto Magnun Sicav. "La política –continúa— puede afectar [a Telefónica] al tomar decisiones no tan enfocadas a la rentabilidad, si no a los intereses del Gobierno".
Con él coinciden otras grandes firmas de los mercados españoles: Mirabaud Securities, GVC Gaesco, Alantra Equities... La lista aportada por finanzas.com el miércoles que aflora la misma desconfianza sobre la vuelta del Estado a Telefónica basándose en lo visto en Indra abarca a la práctica totalidad de los operadores estratégicos.
Los argumentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco convencen. Y es que el argumento de comprar una porción de control en Telefónica para protegerla de Arabia Saudí no arraiga entre los expertos. “La medida es completamente innecesaria, ya que el Gobierno tenía muchas formas de proteger a Telefónica sin necesidad de entrar en su capital”, señalan fuentes de Alantra Equities.
De hecho, Arabia Saudí, a través de su telefónica (conocida por las siglas STC) pretendía comprar el 9,9 por ciento de Telefónica y, por ahora, sólo ha podido suscribir un 5 por ciento. Para alcanzar la totalidad, necesita la autorización del Gobierno. El Ministerio de Defensa español todavía analiza si faculta o no la compra de la porción restante pretendida desde Riad. Para el mercado, habría bastado con negar esa autorización. Ahora en Telefónica habrá dos gobiernos: el español y el saudí. Cada uno con sus intereses y sin aclarar si optarán a nombrar consejeros.
Lo que sí es evidente ya para muchos es que la irrupción de España y Arabia Saudí en el accionariado de Telefónica rompe los equilibrios existentes hasta la fecha, con BBVA y Caixabank protagonizando su particular juego de tronos dentro de la operadora.
Temores iniciales al margen, las bolsas y el Gobierno español están acostumbrados a convivir. Así que no se descarta que los ánimos se templen. El Estado tiene 22.000 millones invertidos en compañías del IBEX 35 y no todas las experiencias han sido tan traumáticas como la de Indra. Pocos discuten el buen tono de la convivencia entre el capital privado y el público en Caixabank, que 'heredó' al Estado como accionista (a través de una entidad conocida como Frob) al absorber Bankia. Ni siquiera en momentos de tensión política, como la llegada del impuesto extraordinario a la banca, rompió las buenas relaciones.
En el entorno europeo, la presencia estatal en las telefónicas dominantes tampoco es extravagante. Francia, Alemania e Italia poseen participaciones mayoritarias de los operadores referentes en esos países. París tiene el 23 por ciento de Orange; Berlín atesora el 31,7 por ciento de Deutsche Telekom y Roma, el 9,81 por ciento en Telecom Italia. La debilidad de este mapa es que, con las grandes capitales europeas asentadas sobre sus telecos, parece complicado que salgan adelante las grandes fusiones pendientes en el continente. Alphabet (propietario de Google) y Meta Platforms (dueño de Instagram y Whatsapp) serán, en última instancia, los grandes ganadores de este río revuelto.
Otros se harán fuertes en España entre tanto ruido: Digi, que se beneficiará de los límites que Bruselas ponga a la fusión Másmovil-Orange, y los nuevos dueños de Vodafone en España (Zegona) serán prácticos y agresivos comercialmente mientras Telefónica despeja su futuro. Por ahora, los de José María Álvarez-Pallete insisten: su plan estratégico sigue vigente.