JUNTO A OTROS SIETE EXCONSEJEROS DE CAJA MADRID
El juez de Instrucción de Madrid Juan Antonio Toro interrogará el próximo 24 de enero al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a siete antiguos consejeros de la entidad financiera por presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta cometidos en el marco de la compra del City National Bank de Florida en 2008.
El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda una batería de diligencias para impulsar la causa, como es la toma de declaración de Blesa, junto a la de Idelfonso Sánchez Barcoj, Juan Martín Bartolomé, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo, Matías Amat y Rafael Sánchez Lozano por su participación en la adquisición del banco estadounidense.
A raíz de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias, Juan Antonio Toro también solicita al Banco de España que informe sobre el control de cambio y aclare si es necesario tener autorización para la adquisición de un banco extranjero.
El juez cita también el 23 de enero al representante legal de Bankia para que se puedar personar si la entidad se considera perjudicada. Además, pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que designe un técnico para determinar si la operación produjo un perjuicio a la entidad financiera.
No obstante, no considera en este momento necesario tomar declaración como testigo a Antonio Beteta, como solicitó la acusación popular, sin perjuicio de que más adelante se pueda acordar si se considera oportuno.
El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid sustituye en la investigación del City National Bank a su colega del Juzgado número 9, Elpidio José Silva, quien se abstuvo tras haber sido recusado por la defensa del banquero y estar inmerso en un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su proceder en el 'caso Blesa'.
La Audiencia Provincial de Madrid acordó hace poco devolver las diligencias abiertas en torno a la adquisición del banco estadounidense al Juzgado de Instrucción número 9 y en verano fue cuando determinó que los indicios de administración desleal o apropiación indebida atribuidos a Blesa deben ser esclarecidos.