SIN QUE SUS DUEÑOS PAGUEN LOS IMPUESTOS

Aumenta el número de apartamentos que se alquilan de manera irregular en España

Los hoteleros calculan que en España hay medio millón de apartamentos que se alquilan a turistas sin que sus dueños paguen impuestos. Cada vez hay más comunidades que han decidido intensificar las inspecciones para acabar con este fraude y Cataluña, por ejemplo, ha sido una de las primeras en perseguirlo.

En España hay medio millón de apartamentos que se alquilan a turistas sin que sus propietarios tengan que pagar impuestos, según los hoteleros. Así, muchas comunidades decidieron aumentar sus inspecciones para acabar con estos pisos turísticos.

En concreto, hace dos años que la Generalitat se puso en marcha para regular el sector, pero el proceso es lento y ahora mismo en Cataluña todavía hay un 70% de alojamientos turísticos que son irregulares. La mayoría se contratan por Internet y se concentran en los lugares preferidos por los visitantes.

Solo en Barcelona hay 15.000 pisos turísticos y la oferta se ha disparado. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido suspender temporalmente la concesión de licencias. Es una actividad que cuenta con muchos adeptos, pero ahora pretenden poner orden.

Aunque también hay personas que tienen todo en regla y, por ello, se quejan de que otros no paguen impuestos. "Me parece una competencia desleal, que lo que hace es que puedan vender esos apartamentos por un precio más reducido", asegura Gustavo Carrasco, propietario de un apartamento turístico legal.

Cataluña es una de las comunidades donde más ha aparecido este fraude y la Generalitat ha aumentado el número de inspecciones. "Tenemos que tener un cierto control de esa oferta, saber qué ofrecemos, en qué niveles de calidad, y la normativa está para que todo el mundo la cumpla", afirma Marian Muro, directora general de Turismo de Cataluña.

En Andalucía, por ejemplo, se pretende poner en marcha un registro: el que no esté inscrito, no será legal. En la Costa del Sol se estima que hay más de 50.000 pisos sin declarar y, en Mallorca, el sector hotelero ha presionado al Gobierno balear, que ha multiplicado por siete las multas. Las sanciones para los infractores oscilan entre los 2.000 y los 150.000 euros.

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