APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS
El nuevo 'canon digital' aprobado por el Consejo de Ministros recupera el modelo europeo de compensación a los autores por la copia privada de sus obras, ha despertado una alegría "moderada" en PSOE y Ciudadanos, y para las entidades de gestión, llega "con un año de retraso".
Los teléfonos móviles con capacidad para reproducir vídeos y sonidos estarán gravados con 1,1 euros, mientras que la compensación de las memorias USB y discos duros será de 24 céntimos, según el Real Decreto Ley que regula el nuevo canon digital,.
Establece también un gravamen de 3,15 euros para las tabletas, de 5,45 para reproductores de sonido o vídeo y de 6,45 para reproductores no integrados. No obstante, no se aplicará más de una cantidad a los ordenadores o tabletas. Además, las impresoras estarán gravadas con entre los 4,5 y los 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0,33 y 1,86 euros, y los discos compactos para la reproducción mixta de entre 8 y 28 céntimos.
Este decreto ley, según ha descrito el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, sustituye el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado "en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos". Así, esta nueva norma sustituye a la anterior, que fue tumbada por el Tribunal Supremo el año pasado, y cargará el canon que se paga a los autores por las copias privadas que se hacen de sus obras en los móviles, CD y memorias. Así, por un teléfono móvil o smartphone los fabricantes abonarán 1,10 euros, o por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros.
La orden, que podrá ser revisada en cualquier momento en función de la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado, deberá ser revisada también en cualquier caso "al menos con una periodicidad de tres años". También, fija una "implantación escalonada" para "facilitar la introducción del nuevo modelo". "Una buena noticia" que "llega con un año de retraso", según la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), que ha subrayado que España recupera así el modelo "vigente en toda Europa", que carga la compensación equitativa "a los importadores y fabricantes de equipos, aparatos y soportes de reproducción".
Además, agregan, "corrige la definición y alcance del límite de copia privada", por lo que "pone fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos", según han puntualizado. "Moderadamente" y "razonablemente contentos" se han mostrado Marta Rivera de la Cruz y José Andrés Torres Mora, portavoces de Ciudadanos y PSOE, respectivamente, en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
"Es un tema complicado que tiene muchas aristas, que había que limar asperezas, ahora tenemos un buen punto de partida y vamos al modelo que prima en el resto de países de nuestro entorno", ha expresado Rivera de la Cruz, quien ha señalado también que el texto no es "especialmente lesivo" con las empresas tecnológicas. Para Torres Mora, quien ha destacado que se trata de una nueva norma "fruto de un acuerdo y un consenso bastante amplio entre el sector cultural y el sector tecnológico", este decreto ley es el resultado de "mucho tiempo de trabajo" para "resolver una situación de ilegalidad ante sentencias que ponían en cuestión el sistema".
"Es una noticia justa y buena, porque se ha producido un perjuicio al mundo de la cultura", ha calificado. Con un discurso más crítico, el portavoz de Cultura de Podemos, Eduardo Maura, ha puesto de manifiesto que se trate de un decreto ley que ha salido en "condiciones de urgencia" debido a los "errores de José María Lassalle" (anterior secretario de Estado de Cultura). Podemos ha "instado" al Gobierno y a las fuerzas políticas a tener un diálogo "más en profundidad" sobre la Ley de Propiedad Intelectual y sobre "la cuestión de la financiación de la cultura y la copia privada".
Por su parte, para el escritor Manuel Rico, presidente de la plataforma Seguir Creando, el nuevo decreto ley es un "paso muy positivo" porque supone adaptar de nuevo la legislación española a las directivas europeas, algo que se "rompió inexplicablemente en 2012". "Creemos que eso es una aceptación de las recomendación de la Unión Europea y supone responder a los intereses de los autores, que son los que se veían perjudicados por el sistema anterior", ha concluido acerca de esta norma que, según fuentes del Ministerio de Cultura, se espera que sea convalidada en el próximo Pleno del Congreso.