70.000 familias en Canarias temen perder sus casas: "Si quieren mi apartamento, que me lo compren"

"Yo estoy aquí totalmente legal", nos cuenta Manuel desde la terraza de su casa. La compró hace casi diez años y lleva desde entonces viviendo en ese piso. Pero en 2013 una nueva normativa le hizo temer que tendría que abandonar propiedad. Se trata de la ley de Renovación y Modernización turística de Canarias. Según ese texto, apartamentos como el suyo, construidos en "zonas potencialmente turísticas" solo podían destinarse a uso turístico y, en ningún caso, a uso residencial.

Esto puso en pie de guerra a Manuel y a muchos otros vecinos que pensaron que tendrían que abandonar sus casas. Y, entonces, en 2017, se introdujo una excepción a la norma: las familias que pudieran acreditar que llevaban viviendo allí desde antes de 2017 podrían permanecer en sus viviendas. “Ha pillado a mucha gente por el camino, les están expulsando de sus casas", nos explica Manuel.

"No me dejan alquilar mi vivienda"

Juan Ramón está pasando por algo parecido. Compró su piso como una inversión, una segunda residencia que pretendía destinar al alquiler si en algún momento necesitaba más ingresos. Pero la ley también lo impide. Los propietarios de pisos ubicados en zona de potencial uso turístico no pueden alquilar sus viviendas a título particular. Los alquileres los debe gestionar, según expone el texto, una empresa explotadora. Eso implica que no cada propietario no puede decidir el precio de alquiler, eso lo hace la gestora. “Si el explotador quiere mi apartamento que me lo compre, pero una expropiación oculta, no”, dice Juan Ramón. Asegura que lleve meses sufriendo presiones por parte de la empresa explotadora de su bloque para que se vaya “me cortan el wifi, nos han subido las cuotas, he visto a vecinos, a personas mayores, marcharse de aquí llorando porque no pueden más”.

Luchan por derogar la ley

Para evitar todo esto, 70.000 familias en Canarias se han unido con un objetivo: derogar la ley. “No entendemos esta situación”, explica Maribel Doreste, presidenta de la plataforma de afectados. “Quieren expulsarnos del territorio, con un único fin, guetificarlo y destinarlo únicamente a uso turístico”, añade Doreste. Asegura que, si se aplica la normativa, no les queda más opción que abandonar sus casas y dejarlas en manos de una explotadora. “Nosotros seguimos pagando el IBI, el impuesto de las basuras, la comunidad… y ellos hacen negocio con nuestros pisos sin poner nada en riesgo, el riesgo lo corremos nosotros”, nos cuenta Doreste.

La versión de las empresas explotadoras

Los empresarios hoteleros y turísticos insisten en que la ley es clara: intenta luchar contra la residencialización. Es decir, que en las zonas potencialmente turísticas no se mezclen usos residenciales y turísticos porque son dos perfiles con necesidades totalmente diferentes. “Yo siempre doy un consejo, los propietarios pueden reservar sus apartamentos como un cliente más, van a pagar un precio (se les puede hacer un precio especial por ser propietarios) y van a recibir las rentas que les toquen cada mes”, dice Fernando Estani, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Y anima a los ayuntamientos a poner fin a esta situación identificando las áreas de potencial turístico para que se acabe con las irregularidades en el uso de estos pisos.