Caso Negreira
La normativa UEFA contempla la exclusión de competiciones por influir en resultados. Analizamos las posibles sanciones a las que se enfrenta el Barcelona por el 'caso Negreira'.
La normativa de la UEFA establece que la admisión en sus competiciones "puede ser denegada con efecto inmediato" para los clubes "implicados directa o indirectamente en cualquier actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional".
Así lo dicta el apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos del organismo referente a la no admisión en sus torneos, que en el punto anterior dictamina que para la participación en las mismas será condición que cada asociación o club afiliado cumpla con estos estatutos y las regulaciones y decisiones hechas al amparo e ellos por los órganos competentes.
"Potencial violación de su marco legal"
La UEFA ha anunciado la apertura de una investigación al club catalán por una "potencial violación de su marco legal" en relación con el llamado caso Negreira, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, por los pagos de 7,3 millones de euros hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2001 y 2018.
Según el artículo 31 (4) del reglamento de Ética y Disciplina, la UEFA ha designado inspectores disciplinarios para conducir la investigación, según confirmó en un breve comunicado, en el que apunta que facilitará más información en su debido curso.
La UEFA pidió información sobre el caso a la Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 24 de febrero, nueve días después de hacerse pública la investigación iniciada por la Fiscalía de Barcelona que luego presentó la denuncia admitida en el juzgado el último día 15.
Rosell y Bartomeu, en el ojo del huracán
Según la denuncia de la Fiscalía admitida en el juzgado, la entidad azulgrana, a través de los presidentes Sandro Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero -7.3 millones de euros entre 2001 y 2018- realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club".
A causa del escándalo que salpicó al fútbol italiano en 2006 y a clubes como el AC Milan, que ganó la Copa de Europa 2006-07 tras haber sido declarado culpable de amaños de partidos solo unos meses antes del inicio de la competición, la UEFA incluyó en su normativa que condiciona la admisión de los equipos "sin perjuicio de las posibles medidas disciplinarias".
Tres posibles escenarios para el club
La investigación abierta por la UEFA al FC Barcelona por el denominado caso Negreira establece tres escenarios: el archivo de la misma, la incoación de un expediente sancionador o esperar a que se celebre la vista, una decisión de calado tanto económico como reputacional para la entidad azulgrana.
El primero, el archivo de la investigación, sería el escenario ideal para los intereses del Barcelona, aunque podría darse la circunstancia de que la UEFA esperara a adoptar una decisión a que se cerrara el procedimiento penal abierto.
En caso de expediente disciplinario por influir en resultados deportivos, la sanción de la UEFA que podría recibir el Barcelona podría ser deportiva (exclusión de las competiciones europeas), económica o ambas.
En cualquier caso, quedar fuera de Europa supondría un perjuicio económico muy grave para las arcas del FC Barcelona. Por ejemplo, en la presente edición de la Liga de Campeones, sin acceder a la ronda eliminatoria, el club catalán ha ingresado más de 70,5 millones de euros.
Sin embargo, si la UEFA espera a la conclusión del procedimiento penal, todo el proceso se dilataría en el tiempo. En el seno del club azulgrana existe un precedente, el caso 'Barçagate', que vio la luz en febrero de 2020.
Se trata de la supuesta trama difamatoria que urdió la directiva de Bartomeu a través de las redes sociales contra opositores y algunos jugadores, contratando a una empresa externa a la que se le pagó seis veces por encima del valor de mercado.
La instrucción del citado caso, que tendría que haberse cerrado el 29 de enero de 2023, se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones. La última hasta finales de julio de 2023.