Caso Negreira
En el nuevo informe del Instituto Armado se detalla la "posible intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados" por parte de la entidad azulgrana.
José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, habría recibido por parte del FC Barcelona unos 8,3 millones de euros (concretamente 8.389.599,73 euros) y no los 7,5 que se estipularon desde un principio hasta ahora, según las últimas pesquisas de la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso 'La Razón'.
Novedades que han salido a la luz tras el nuevo informe del Instituto Armado y en las que se enumeran un total de 135 las transferencias del club azulgrana hacia el número 2 de los árbitros, pagos que tuvieron lugar desde 2001 a 2018.
"Intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados bajo el pretexto de una actividad mercantil"
En este informe también se esclarece que en este caso "se desprende un patrón claro de transferencias financieras entre el Fútbol Club Barcelona y las sociedades vinculadas al señor Negreira y su entorno", además de que apuntan a una "posible intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados, bajo el pretexto de una actividad mercantil". Desde el club siempre se negó que se quisiese obtener un beneficio deportivo y excusaron los pagos asegurando que se trataban de informes arbitrales.
El escrito también corrobora la relación directa entre Negreira, sus sociedades y José Martínez Alfonso, el que fuera amigo de Negreira y antiguo informador arbitral del Comité, que actuaba como "intermediario financiero". Al mismo tiempo se señala la existencia de sociedades pantallas y una apertura masiva de cuentas bancarias a nombre de numerosas sociedades, pertenecientes todas al mismo grupo y órgano social.
En el informe se señala la utilización de "cuentas a título personal como puente para transferir fondos entre cuentas de las sociedades mercantiles", aunque lo que todavía no se ha descubierto es el patrón transaccional o la finalidad de los pagos realizados en los que el Instituto Armado no observa "un aparente sentido económico lícito".
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