RFEF
Son ocho implicados en el caso Soule los que aparecen en la acusación, entre los que también figura el hijo del expresidente de la RFEF, Gorka, para quien pide 7 años de prisión.
La Fiscalía ha pedido 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, por presunta corrupción en el caso Soule. En la causa, se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones.
Desde Anticorrupción se ha presentado en la Audiencia Nacional el escrito de acusación contra ocho implicados en el caso Soule, entre los que también figura el hijo del expresidente de la RFEF, Gorka, para quien pide 7 años de prisión.
El Ministerio Público pide también que ambos indemnicen solidariamente a la RFEF con 3,8 millones de euros. A Ángel María Villar, que estuvo unos días en prisión preventiva, le acusa de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y reclama que se le imponga una multa de cerca de un millón de euros.
También está acusado en el caso el exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón, para quien la Fiscalía reclama 6 años y medio de prisión. La causa está abierta desde 2017. Villar todavía estaba al frente de la RFEF (1988-2017). Se ha investigado si el expresidente y Padrón se aprovecharon de sus cargos entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas de su entorno con contratos perjudiciales para la Federación o mediante el pago a su cargo de retribuciones que no se correspondían con servicio alguno. Dinámicas que causaron un agujero a la Federación de 4.514.441,72 euros.
Anticorrupción expone esta tesis en su escrito, que recoge la celebración de partidos amistosos en perjuicio de la RFEF para conseguir contratos en favor del hijo de Villar y de su empresa, que se habrían embolsado de este modo 366.583 euros. La Fiscalía acusa también a Villar por el pago de retribuciones por servicios no prestados a personas de su confianza por, al menos, 684.441 euros. Para ello se simulaba la prestación de servicios a favor de la Federación o incluso la jubilación en 2009 de la secretaria de Villar, pese que continuó "prestando los mismos servicios hasta septiembre de 2017".
El objetivo de todo esto -según la acusación- era eludir una normativa interna y recibir un premio de jubilación y un complemento mensual todos esos años.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa las presuntas irregularidades en torno a la elección de los partidos amistosos de la Selección absoluta desde al menos 2009, coincidiendo con "el aumento del prestigio" y "caché" del conjunto, derivado de sus triunfos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010. Según Fiscalía, se eludieron "todos los órganos competentes de la RFEF" y Villar se atribuyó presuntamente "la facultad de decidir" los rivales en partidos amistosos, en beneficio de su hijo y de su sociedad, Sport Advisers -también acusada-.
De esta manera le atribuía a su hijo "tanto la elección de esos equipos como la negociación de las condiciones económicas", pese a carecer éste de relación laboral o poder de representación de la Federación. Gorka Villar seleccionó el lugar de celebración de los amistosos y sus términos económicos en función de su conveniencia y de su sociedad, creada en 2010 para el asesoramiento jurídico deportivo "aprovechándose del cargo que tenía su padre en la RFEF".
Mediante esta dinámica, según la Fiscalía, se convinieron amistosos con las Selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia que generaron un perjuicio para la RFEF de al menos 3.830.000 euros
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