DIEZ DELITOS DE CORRUPCIÓN DE MENORES
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a penas que suman 18 años y 10 meses de prisión a un entrenador de fútbol de un club de Zaragoza, Miguel Ángel L.F., de 22 años, por diez delitos de corrupción de menores, uno de ellos en grado de tentativa, pornografía infantil y abuso sexual.
El tribunal le ha impuesto al joven, nacido en Zaragoza, una pena de inhabilitación para desempeñar cualquier oficio que conlleve el contacto directo con menores de edad durante 21 años y le ha prohibido acercarse y comunicarse con las víctimas durante 8, según la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Se consideran hechos probados que el condenado, que era segundo entrenador, entabló desde 2011 hasta 2015 conversaciones a través de Whatsapp o Instagram con los menores que iban derivando en temas sexuales. La sentencia recoge que el joven entrenador solicitaba a los menores que le enviaran fotos íntimas y que contactó con diez de ellos, nueve de los cuales accedieron a enviarle imágenes de sus genitales o masturbándose.
A todos ellos, el condenado les envió fotos suyas desnudo. Asimismo, se considera probado que con un menor mantuvo relaciones sexuales en dos ocasiones, las cuales fueron grabadas en vídeo. En el registro de su domicilio, se obtuvieron archivos correspondientes a las fotografías y vídeos de los menores referidos, así como material de explícito contenido sexual referido a menores no identificados que el acusado mantenía en su poder.
Prisión provisional desde diciembre de 2015
El entrenador ha estado en prisión provisional por esta causa desde el 22 de diciembre de 2015 al 3 de marzo de 2016. De este modo se le condena por nueve delitos de corrupción de menores a la pena de un año y ocho meses de prisión para cada uno; por un delito de corrupción de menores en grado de tentativa a diez meses de prisión y por un delito continuado de abuso sexual a tres años de prisión, así como a una multa de seis meses con una cuota diaria de ocho euros por pornografía infantil.
Asimismo, el tribunal ha establecido la obligatoriedad al joven a participar en programas formativos de educación sexual y a indemnizar a las víctimas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 15.000 euros. El acusado ha ingresado 10.000 euros para satisfacer la responsabilidad civil y se compromete a pagar el resto.