Rafa Mir
Declaran los cuatro policías de Bétera que no recogieron en su atestado las presuntas agresiones sexuales de las denunciantes de 21 y 25 años.
Los cuatro policías locales de Bétera que acudieron a la casa del futbolista Rafa Mir, la mañana en la que el delantero del Valencia CF presuntamente agredió sexualmente a una joven, han insistido en que ninguna de las denunciantes de 21 y 25 años les contó que hubieran sido víctimas de un delito sexual.
Los agentes, según el diario 'Levante', han apoyado así la tesis exculpatoria del futbolista esta mañana ante la jueza del Juzgado de Instrucción número ocho de Llíria, encargada de la causa contra el futbolista Rafa Mir y su amigo Pablo Jara por las presuntas agresiones sexuales a las dos jóvenes.
Los policías tampoco habrían apreciado lesión ni hematoma alguno en ninguna de las víctimas. La declaración de estos tres agentes y un oficial de la Policía Local de Bétera era importante para esclarecer qué les relataron las víctimas en esos primeros compases.
Y lo más importante: su declaración servía para conocer si realmente una de ellas les contó la agresión sexual con acceso carnal y por qué no la recogieron en su atestado; algo que, no obstante, sí aseguraron a posteriori las denunciantes y los vigilantes de seguridad.
Los agentes, según el citado diario, han contado a la jueza que en ningún momento las jóvenes les dijeron que hubieran sido víctima de una agresión sexual, de ahí que no le dieran la importancia que los graves hechos denunciados posteriormente merecían.
Por tanto los policías, al igual que hicieron esa mañana, han apoyado con sus declaraciones la tesis exculpatoria de la defensa de Rafa Mir. Sin embargo, tanto las dos jóvenes como los propios vigilantes que estaban presentes los desmienten.
Rafa Mir fue detenido tras lo ocurrido en el domicilio del futbolista en la mañana del 1 de septiembre, en la urbanización Torre en Conill, y posteriormente quedó en libertad tras negar las presuntas agresiones sexuales.
La jueza acordó medidas cautelares: la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, así como la obligación de comparecer semanalmente a firmar y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de ambas denunciantes.
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