Caso Negreira
El que fuera presidente del CTA entre 1993 y 2018 estuvo varios horas en la sede del Comité Técnico de Árbitros eliminando documentación, según la declaración de Antonio Rubinos en el sumario del caso Negreira.
Novedades en el caso Negreira. El que fuera presidente del CTA entre 1003 y 2018, Victoriano Sánchez Arminio, pasó "al menos dos o tres horas" en el archivo de la entidad destruyendo documentación en una trituradora de papel el día de su cese, en mayo de 2018. Eso es lo que aseguró Antonio Rubinos, adjunto a la presidencia del CTA, a los agentes de la Guardia Civil que registraron la sede del Comité Técnico de Árbitros el pasado 28 de septiembre por orden del juez Joaquín Aguirre, el encargado de investigar los pagos del Barcelona a José María Enriquez Negreira, exvicepresidente del CTA.
La declaración de Antonio Rubinos figura en el sumario del caso Negreira, al que ha tenido acceso la agencia EFE. Fue el propio Rubinos Pérez quien de forma "espontánea" manifestó a los agentes que era posible que no localizaran alguno de los documentos que buscaban porque habían sido eliminados por Sánchez Arminio.
El secretario detalló que el día en que cesaron a Sánchez Arminio, quien dirigió el CTA entre 1993 y 2018, coincidiendo con la etapa de Negreira como vicepresidente, "estuvo al menos dos o tres horas en el destructor de papel eliminando documentos".
Los agentes, según figura en el acta, intentaron extraer información de las cuentas de correo electrónico de los cuatro exresponsables de la CTA, pero no había rastro de la de los tres vicepresidentes y la del presidente Sánchez Arminio, quien falleció el pasado mes de mayo, estaba "completamente vacía".
Además, en el sumario del proceso, consta que el Barcelona no informó a la responsable del Compliance del Barcelona entre mayo de 2016 y julio de 2019, Sabine JCP, encargada de velar por la ética del club, de la existencia de los contratos con Negreira y desconoce la razón por la que esos pagos no aparecían "a nivel contable".
Sabine JCP señala que en los años en los que trabajó para el club nunca conoció ni vio en las instalaciones ni a José María Enríquez Negreira ni a su hijo, Javier Enríquez Romero.
El juez Joaquín Aguirre decidió imputar al Barcelona y a Joan Laporta por un delito de cohecho, mientras que la Fiscalía cifró en 7,3 millones de euros la cantidad que el Barça pagó al exvicepresiddente del CTA entre 2001 y 2018.