ESTAFA INMOBILIARIA
14 personas han sido condenadas por falsificación de documentos. Cobraban entre 2000 y 9000 euros por descalificar viviendas de protección oficial para su venta.
Entre esas personas hay funcionarios del Instituto Canario de Vivienda. Ahora la justicia trata de establecer con qué cantidades se indemniza a los afectados. Hoy hemos hablado con dos víctimas de la estafa.
Esa indemnización podría ayudar a Sonia a salir del grave situación económica que vive. Compró su casa como libre y cuando la intentó vender al enfermar gravemente su marido y no poder afrontar la hipoteca descubrió la estafa que había sufrido.
Ahora ha perdido esa casa y asegura que parte de su vida.
La misma sensación tiene este joven. También él compró una vivienda descalificada así lo estipulaba la escritura y un documento sellado y firmado por el Instituto Canario de la Vivienda que resultó ser un fraude.
Una Administración Pública, denuncia la acusación particular, que mantuvo tras descubrirse el malhacer de varios de sus funcionarios a los mismos en su cargo.
Se valían de sus puestos para acceder a plantillas y sellos. Ofreciendo trámites ágiles a quienes querían descalificar viviendas VPO mediante el pago de entre 2000 y 9000 euros. Un dinero que cobraban a los primeros propietarios para así desaparecer las limitaciones asociadas a las VPO.