EXISTEN VARIOS FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE
¿Por qué no hay voto electrónico en España si disponemos de la tecnología?
Actualmente, el voto electrónico está vigente en varios países como Estados Unidos, Venezuela, Brasil o Filipinas, sin embargo, en España tendría que cambiarse la ley electoral para que se pudiera votar, una opción que hoy sólo es posible en el País Vasco. No obstante, existen varios factores a tener en cuenta como si es 100% seguro, si mantiene la privacidad del votante, el coste económico que conlleva, el porcentaje de gente que no puede, no sabe o no quiere usarlo y el riesgo de cambiar el sistema de voto tradicional que funciona bien por otro.
El voto electrónico electoral, vigente en varios países, es el ejercido con dispositivos tecnológicos; bien de forma remota, dígase con móvil, tableta u ordenador, o bien de manera presencial ante la mesa electoral con máquinas que garantizan el sufragio digital.
Brasil, EEUU, Venezuela o Filipinas son sólo algunos países en donde se ejerce ya el voto electrónico. En otros, como el Reino Unido o Noruega existen tecnologías muy avanzadas como el sistema 'e-counting' para dinamizar el recuento a partir de escáneres que automatizan la lectura de papeletas desde la misma urna.
Según los expertos, España tendría que modificar la ley electoral para que se pudiera votar, una opción que sólo hoy es posible en el País Vasco, pese a que no la está ejerciendo. No obstante, en España sí existe tecnología en varias fases del proceso electoral para agilizar trámites; por ejemplo en la transmisión de datos a los sistemas centrales, el recuento de resultados o la gestión de actas.
A la hora de votar, la seguridad es básica tanto para la identificación del elector (para evitar posibles suplantaciones de personalidad), como en lo que toca a la privacidad para garantizar la confidencialidad del voto y resto de trámites del proceso, además de la transmisión de resultados y recuento.
Sin embargo, no es el único debate sobre el voto electrónico, también el coste económico, el previsible impacto de la brecha digital social (el porcentaje de gente que no puede, no sabe o no quiere usar tecnología) o el riesgo de cambiar el sistema de voto tradicional que está funcionando bien, por otro que se desconoce si se implantará con éxito o no.