LA JUEZ DESESTIMÓ EL ACUERDO ENTRE AMBOS PARA NO DENUNCIARSE
Lucas Hernández, citado para declarar ante el juez el día del Leverkusen-Atlético
El jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, ha sido citado para declarar el 21 de febrero junto con su expareja, acusados de sendos delitos de violencia doméstica por la pelea que protagonizaron el pasado 3 de febrero. El abogado del central realizó una petición para cambiar el día del juicio, pero esta se rechazó, al igual que el acuerdo que el futbolista realizó con su exnovia, después del primer juicio, de no denunciarse mutuamente.
El Juzgado de lo Penal número 35 de Madrid, especializado en violencia de género, juzgará el próximo 21 de febrero al futbolista del Atlético de Madrid Lucas Hernández y a su expareja, acusados de sendos delitos de violencia doméstica por la pelea que protagonizaron el pasado 3 de febrero.
Fuentes jurídicas han informado que el juicio se celebrará a las 11.30 horas del martes, una vez que se ha rechazado la petición de la defensa del jugador de fútbol de fijar otra fecha para evitar su coincidencia con el partido que el Atlético de Madrid juega contra el Bayer Leverkusen en la ciudad alemana.
La jueza desestima el acuerdo para no denunciarse
La Fiscalía mantiene su acusación contra ambos implicados en la pelea. Pide para Lucas Hernández siete meses de prisión y cuatro para su pareja por un delito de maltrato en el ámbito familiar, así como dos meses más para la mujer por un delito de daños.
El representante del Ministerio Público hizo esa petición en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), que fue el que conoció los hechos antes de remitir la causa al juzgado de Madrid. En el primer juicio, tanto el futbolista como su novia llegaron a un acuerdo para no denunciarse mutuamente, pero la juez no lo aceptó.
La Fiscalía, además de la pena de prisión, pidió para los acusados la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años, y una multa de dos meses, a razón de diez euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
En ambos casos, reclamó que se mantenga la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la otra persona, así como a su domicilio y lugar de trabajo, y prohibición de comunicar con él por cualquier medio por el plazo de 2 años. La medida de alejamiento mutuo ya la había decretado la magistrada titular del Juzgado el día de los hechos y la mantuvo en el juicio.